Perú es un estado presidencial unitario, pero a pesar de esta configuración tiene tres niveles de gobiernos subnacionales con importantes atribuciones reguladoras. Este contexto requiere establecer marcos de gobernanza sólidos que promuevan la coordinación en todos los niveles de los gobiernos para garantizar la coherencia y complementariedad normativas y trabajos equilibrados de calidad regulatoria. Aunque el gobierno central y los subnacionales tienen mecanismos para promover la coordinación de las políticas públicas, incluso incentivos fiscales para que los gobiernos locales apliquen medidas de calidad regulatoria, éstos se han quedado cortos. Por consiguiente, hay muchas posibilidades de conseguir la coherencia normativa entre los niveles de gobierno, y promover que los gobiernos regionales y locales utilicen herramientas de política regulatoria. Salvo las políticas de simplificación administrativa, los gobiernos subnacionales en Perú deberían aplicar mecanismos de evaluación ex ante de la regulación y de consulta pública en el proceso de elaboración de normas.