Este capítulo examina la coherencia y el carácter integral del sistema, en evolución, de integridad pública de México. De conformidad con los principios de la Recomendación de la OCDE 2017 sobre Integridad Pública, se examinan las disposiciones institucionales recién reformadas para sistemas locales y nacionales anticorrupción, con el fin de fortalecer la coordinación y apoyar la implementación de las iniciativas del Plan de Acción a nivel nacional y subnacional. El capítulo también aporta recomendaciones de respaldo a la implementación, a través de un monitoreo más firme y un desarrollo de capacidades más sólido. Finalmente, se discute la medida en la que han sido incluidos los actores no gubernamentales. El capítulo considera que, con el marco legal e institucional general ya en marcha, el catalizador clave, en adelante, será la puesta en práctica de las numerosas políticas, directrices y herramientas necesarias para dar vida a los Sistemas nacionales y locales, a modo de llevar a buen término resultados reales. De este modo, los Sistemas podrían quedar mejor integrados en todo el gobierno, beneficiándose de la inclusión de más actores para llegar a grupos de interés como el sector privado, y estar mejor respaldados por el personal directivo y por recursos que garanticen una implementación eficaz.